Ley de la cadena agroalimentaria: Cambian las reglas del comercio

Ya nada volverá a ser como antes en la compra-venta de frutas y hortalizas en España. Al menos ésa fue la premisa que utilizó el director de la nueva Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), José Miguel Herrero, para presentar la nueva normativa nacional sobre la cadena agroalimentaria. Lo hizo durante el transcurso de distintas charlas en las que participó recientemente con motivo de un pequeño tour por la provincia almeriense.

El Ministerio de Agricultura, al que está adscrita como organismo autónomo dicha agencia, ha querido así dar a conocer a agricultores, técnicos y profesionales de la comercialización almeriense los cambios que introduce la aplicación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria.

“El campo se ha regido durante siglos por algunos usos y costumbres que la nueva ley viene a transformar, así que podemos hablar de un ‘cambio revolucionario’ con el objetivo de ganar en transparencia en las relaciones entre los diferentes eslabones de la cadena”, explicaba José Miguel Herrera, en la cooperativa SUCA de El Ejido, durante la jornada informativa organizada por Coag-Almería.

Se trata de una norma pionera sin parangón en el resto de Europa y del mundo, ya que posibilita a que la Administración, a través de la agencia AICA, pueda intervenir en las relaciones comerciales entre agentes privados. Se regulan las relaciones entre los operadores de la cadena alimentaria: agricultores y ganaderos, fabricantes de alimentación y bebidas, cooperativas, SAT, almacenistas, alhóndigas y otros distribuidores del sector agroalimentario.

Fuera la distribución europea

Sin embargo, su carácter se limita al mercado nacional. Éste fue uno de los asuntos tratados durante el debate posterior a la presentación realizada en SUCA. Así lo puso de relieve el gerente de Coexphal, Juan Colomina, que emplazó al responsable de la agencia a que el Ministerio estudie la vía para poder extender la influencia de la ley a los clientes europeos de las empresas de la provincia: “En un sector hortofrutícola como el almeriense, cuyas ventas al exterior suponen más del 70% de las operaciones, la ley solo afectaría al mercado nacional – de menor volumen – quedando fuera las exportaciones”.

Esta misma duda planteó el presidente de Asaja-Almería- Francisco Vargas, durante la sesión sobre esta ley que un día más tarde organizó la Fundación Cajamar en la Casa de las Mariposas: “Si la norma obliga a las relaciones de los agentes que operan en España a que paguen en un plazo máximo de 30 días, pero nuestras empresas no cobran de sus clientes europeos en ese plazo, sino incluso a veces a los 180 días, entonces se podría generar un problema”.

José Miguel Herrera se comprometió en ambas charlas a estudiar con los servicios jurídicos del Ministerio este escenario, aunque reconoció la complejidad de que otros países europeos estén en disposición de adoptar medidas similares que afecten al comercio hortofrutícola.

Contratos, pagos y multas

Son los tres nuevos pilares de la ley que entró en vigor a comienzos de año, pero que aún debe desarrollarse a través de un Reglamento. Fue a raíz del veto ruso y a partir de septiembre cuando se aceleró el trabajo del cuerpo de inspectores ante el temor de que se pudieran producir desajustes y relaciones de desequilibrio en la compra-venta de frutas y verduras, tras el cierre de la frontera rusa.

“La Administración vigila las reglas de juego y si no se cumple, puede imponer multas”, describió el director general de la agencia AICA.

Dichas reglas de juego implican la formalización de un contrato previo entre las partes, en el que se indique un precio o el parámetro para obtenerlo. De este modo, se evita la venta a resultas, cuando se entrega un producto sin saber el precio.

Como excepción, cuando se paga al contado (factura) no es necesario un contrato.

La ley determina que el pago de productos frescos debe realizarse en un plazo máximo de 30 días, so pena de imponer una multa, capacidad que se otorga a la agencia.

Herrera hizo hincapié en que no es una ley contra la distribución, “sino contra los desequilibrios que puedan generarse”.

Sistema de alhóndigas

Por último, el director de la agencia reconoció que la particularidad del sistema de venta de las alhóndigas de la provincia de Almería tiene que acoplarse a la reciente normativa. Un acomodo, en el que “el sentido común” – precisó – “será el que marque esa especificidad”.

Herrera anunció futuras visitas a la provincia de Almería para estudiar con más detalle el modelo alhondiguista. El propósito será que la ley no sea un obstáculo en el trabajo diario de las subastas.

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